El próximo 1 de enero de 2023, entra en vigor la normativa de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para las localidades españolas de más de 50.000 habitantes, 149 municipios, a los que hay que sumar alguno de más de 20.000 habitantes.
Pero lo más importante es que impacta en más del 56 por 100 de la población.
El objetivo de la Ley de Movilidad Sostenible, que incluye las ZBE, no es solo no sobrepasar los límites de calidad del aire, también mejorarlos.
Para el primer día del próximo año, cada una de las corporaciones locales afectadas debería tener un plan de aplicación y delimitación de las ZBE; y, claro, la Ley de Movilidad Sostenible debería igualmente estar aprobada, tras haber pasado por los diferentes trámites de Gobierno y parlamentarios.
No es así en ninguno de los dos casos.
Apenas 20 de los aproximadamente 150 municipios afectados principalmente ha desarrollado esos planes. Quizás –se quejaban algunos hace meses- porque en este caso el “café para todos” no parece aplicable.
El Gobierno, por su parte, dio el visto bueno al Proyecto de Ley hace menos de 20 días, a las puertas de su supuesta entrada en vigor. Las Cortes lo aprobarán, presumiblemente, antes de concluir la legislatura, en 2023. Sin fecha cierta.
Tarde y mal, sería el resumen. En materia de sostenibilidad seguimos arrastrándonos por el fango y la ineficacia. Y procrastinando. Vuelva usted mañana, que diría Larra. Es lo que hay.
Mientras tanto: ¡Feliz 2023!
