El presidente UNO Logística ha mostrado su rechazo absoluto hacia este nuevo impuesto al reparto que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y bloquea el crecimiento del pequeño comercio.
UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, está absolutamente en contra de la tasa a los operadores postales planteada por el Ayuntamiento de Barcelona, que gravará a las empresas de reparto que facturen más de un millón de euros al año.
“Se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costes de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeñas, que se verán obligados a asumir mayores costes o a repercutírselos a sus clientes”, señala presidente de la patronal, Francisco Aranda.
“Pese a que el nuevo tributo se fundamenta en la necesidad de cubrir las desigualdades competitivas con el comercio de proximidad, este acabará viéndose afectado por la tasa”, dice Aranda.
Aranda ha recordado que, independientemente de que sean las empresas que realizan el reparto los que se vean gravados por la tasa, los comercios que venden sus productos resultarán claramente perjudicados en términos de rentabilidad, así como los clientes que viven en las zonas afectadas, por lo que se trata de una medida inflacionista”.
“Somos la vía eficiente para que el pequeño comercio y las pymes tengan la posibilidad de abrir sus fronteras y vender más allá de su barrio, por lo que esta tasa solo lastraría su competitividad”, ha defendido.
“Los servicios postales constituyen un servicio de interés económico general de gran importancia para la economía y la sociedad en su conjunto; unos servicios que llevan años mejorando su calidad y eficiencia y que se han orientado mejor hacia las necesidades de los usuarios, manteniendo su función en la promoción de la cohesión social y territorial”, ha añadido.
La tasa que impone el Ayuntamiento de Barcelona
La nueva regulación se dirige a las grandes operadoras postales de comercio electrónico que desarrollan una actividad masiva en la ciudad. Por eso la propuesta establece que solo estarán sujetas las empresas con unos ingresos brutos de más de 1 millón de euros obtenidos por entregas en los destinos finales indicados por los consumidores de Barcelona.
Además, el importe que tendrán que abonar el conjunto de operadoras no podrá superar los 2,6 millones de euros, límite fijado para el aprovechamiento.
La tasa también se aplicará en caso de que alguna empresa subcontrate la actividad a otras empresas o personas autónomas, pero la ordenanza dispone que lo tendrá que pagar el operador postal. En el caso de grupos de empresas, lo tendrá que pagar la empresa que tenga más facturación anual.
Se prevé que esta nueva tasa la gestione en régimen de autoliquidación el contribuyente, que tendrá que presentarla telemáticamente entre el 1 y el 30 de julio del ejercicio posterior al grabado. Por lo tanto, el ejercicio 2023 se autoliquidará durante el mes de julio del 2024.
La regulación establece una serie de actividades no sujetas a la tributación o exentas de tributar:
- Distribuciones efectuadas en el marco del servicio de transporte de mercancías que no intervengan en el mercado como operadores postales. Por ejemplo, si un establecimiento de la ciudad tiene una flota de vehículos para entregar a domicilio los productos que los ciudadanos hayan podido adquirir presencialmente o a través de su web.
- Distribuciones realizadas en los comercios de la ciudad con la finalidad de ser comercializadas en fase minorista (entre empreses). Por ejemplo, la distribución de bebidas a un restaurante.
- Distribuciones realizadas sin utilizar ningún vehículo.
- Distribuciones efectuadas en un punto de recogida que esté incluido en el registro de puntos de recogida que creará el Ayuntamiento de Barcelona y que se actualizará anualmente.
- Operadoras con una facturación inferior a 1 millón de euros obtenida por entregas en Barcelona.
Es la primera vez en todo el Estado que una ciudad propone una regulación destinada a las grandes operadoras postales. La iniciativa se pondrá en marcha en la Comisión de Economía y Hacienda de diciembre y, si supera el trámite, se votará de manera definitiva en el Plenario del Consejo Municipal de febrero del 2023.
Una tasa vestida de medioambiental
Por otro lado, cabe destacar que el Ayuntamiento de Barcelona justifica esta tasa con “motivos de protección medioambiental”. “Esto resulta contradictorio puesto que la aplicación de un impuesto sobre las ventas online estimularía las compras físicas, lo que, a su vez, aumentaría los desplazamientos de particulares, incrementando la congestión en la ciudad y el impacto medioambiental”, ha sentenciado Aranda.
Asimismo, ha resaltado que “esta tasa ataca a los principios tributarios, porque el impuesto grava la actividad económica del operador postal en base a su facturación, y no el uso del dominio público como pretende defender el Ayuntamiento”. “Por tanto, los operadores postales deberán soportar una carga fiscal injustificada que no se ajusta a la realidad”, ha indicado.
Una medida antisocial
Por todo ello, “consideramos que se trata de una medida antisocial, que además llega en un contexto de máxima incertidumbre y tensión económica”.
“Incorporar nuevos costes lo único que hace es perjudicar a las empresas y, por tanto, frenar la creación de empleo; se trata de una medida que provocaría, en definitiva, una ralentización de la recuperación económica”, ha subrayado.
“No cabe duda de que las empresas del sector están completamente a favor de un uso sostenible del espacio público”, ha proseguido Aranda, “pero nunca mediante el incremento de cargas fiscales, sino a través de ayudas e incentivos que faciliten la consecución de este objetivo, que el sector logístico ya ha iniciado y con el que está plenamente comprometido”.
“Lo contrario solo supone un castigo a nuestras empresas en el momento más inoportuno”, finaliza.
