La Comisión Europea ha propuesto ampliar hasta el 30 de junio de 2031 la exención de peajes y tasas por el uso de infraestructuras para los camiones de emisión cero.
La medida, enmarcada en el Plan de Acción Industrial para el Sector Automovilístico Europeo, busca acelerar la transición hacia un transporte por carretera más sostenible, reduciendo las barreras económicas que actualmente frenan la adopción de vehículos pesados eléctricos e impulsados por tecnologías limpias.
Además, el nuevo calendario extendería el incentivo fiscal más allá de 2025, fecha inicialmente prevista para el fin de la exención. Además, estaría alineado con los objetivos de descarbonización fijados por la Unión Europea, que contemplan una reducción del 43 % de las emisiones de CO2 de los vehículos pesados nuevos de aquí a 2030.
En un contexto donde el coste de adquisición de este tipo de vehículos sigue siendo considerablemente más alto que el de sus equivalentes diésel, Bruselas busca facilitar su despliegue comercial mediante un ahorro directo en la explotación diaria.
El sector pide ampliar los incentivos y evitar cargas fiscales duplicadas
Por otro lado, el sector del transporte muestra una valoración positiva de la propuesta, aunque no exenta de reservas. La Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU) respalda la prórroga de la exención, pero insiste en la necesidad de revisar en profundidad el marco de la Euroviñeta para garantizar una transición efectiva hacia flotas de bajas o nulas emisiones.
Entre las demandas del sector destaca la necesidad de que otros tipos de combustibles bajos en carbono, como los biocombustibles o los e-combustibles, también se beneficien de reducciones tarifarias.
La IRU considera que estos vectores energéticos pueden contribuir de forma inmediata a la reducción de emisiones y, por tanto, deberían estar contemplados en la política de incentivos. Además, aboga por que los ingresos generados por los peajes relacionados con el CO2 se destinen temporalmente a apoyar la inversión en vehículos sostenibles, evitando que se conviertan en una doble carga fiscal para las empresas.
