Las asociaciones de transportistas y cargadores de Cataluña piden al Ayuntamiento que repare los perjuicios causados por la ordenanza anulada.
Las asociaciones catalanas de transportistas han expresado su satisfacción tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que anuló la primera ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Este fallo puso fin a un proceso legal que se inició con el recurso contencioso administrativo presentado por las asociaciones, quienes cuestionaron la falta de consenso en la aprobación del mencionado reglamento.
La anulación de la ordenanza, según la Sentencia 972/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, abrió un espacio para la negociación y la elaboración de una nueva normativa que reflejara de manera más equitativa las inquietudes y desafíos de los sectores empresariales involucrados en la cadena de suministro, entre ellos, transportistas y cargadores.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Autoridad Metropolitana de Barcelona decidieron interponer sendos recursos contra esa resolución, a pesar de la conformidad con el fallo de las asociaciones de transportistas.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de la Administración
La reciente Sentencia 1372/2023 del Tribunal Supremo, notificada el pasado 15 de noviembre, ha ratificado la anulación de la primera ordenanza de la ZBE, desestimando los recursos presentados por las administraciones.
Entre sus fundamentos, el Tribunal destacó la importancia de evaluar la idoneidad, intensidad y razonabilidad de las medidas ambientales, así como la necesidad de contar con información actualizada y fidedigna.
Las asociaciones de transportistas ven en esta decisión del Tribunal Supremo un marco jurídico que debe orientar futuras normativas medioambientales proporcionales. A su vez, han solicitado a las Administraciones reparar los daños ocasionados, incluyendo la devolución de sanciones impuestas y pagadas.
En su comunicado, Fenadismer sostiene que las asociaciones actuarán de manera conjunta para asegurar que el Ayuntamiento asuma plenamente las responsabilidades por los perjuicios derivados de la ordenanza anulada, manteniendo su compromiso con la justicia y la defensa de los intereses de sus asociados.
