Entre otros objetivos pretende incrementar la competitividad de los puertos y reducir los costes logísticos
El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, en su reunión semanal, varias medidas que persiguen incrementar la inversión privada en infraestructuras portuarias y contribuir a la mejora de la competitividad de la economía. Entre ellas, la ampliación del plazo máximo de las concesiones portuarias de 35 a 50 años y la creación de un Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria.
Estas medidas, además de homogeneizar los plazos concesionales de España con el resto de la Unión Europea, pretenden estimular a la iniciativa privada, ya que se calcula que pueden generar una inversión adicional de entre 150-200 millones de euros anuales, incrementar la competitividad de los puertos y reducir los costes logísticos.
La creación de un Fondo Financiero de accesibilidad terrestre portuaria tiene como objetivo la financiación de la construcción de las infraestructuras viarias y ferroviarias para dotar de adecuada accesibilidad a los puertos desde el límite vigente de su zona servicio hasta el punto de conexión con las redes generales de transporte abiertas al uso común.
Dicho Fondo, que se nutrirá de aportaciones que realicen Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, tendrá naturaleza de préstamo. Cabe destacar, asimismo, que la regulación y funcionamiento de éste quedará recogido en su posterior desarrollo reglamentario.
Por otro lado, según recoge el Real Decreto-Ley aprobado, el plazo que inicialmente se conceda a las nuevas concesiones no podrá exceder de 50 años, siempre teniendo en cuenta criterios como el volumen de inversión que realice el concesionario, la adecuación a la planificación y gestión portuarias, y el incremento de actividad que genere en el puerto, entre otros.
Igualmente, el plazo inicial de las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto-Ley, podrá ser ampliado hasta los 50 años a petición del concesionario y previo informe favorable de Puertos del Estado, cuando el concesionario se comprometa a una nueva inversión, contribuya a la financiación de las infraestructuras de conexión terrestres, o reduzca al menos un 20 por 100 las tarifas máximas incluidas en el título concesional.
