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Aprobada la ‘Ley Rider’: comienza la cuenta atrás para contratar a todos los repartidores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales. En plena polémica, donde numerosos ‘riders’ han mostrado su descontento por la medida adoptada, el Ejecutivo ha puesto en marcha la cuenta atrás, donde plataformas como Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats tendrán un máximo de tres meses para contratar a todos estos trabajadores como asalariados.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social ha destacado que esta ley “sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, puesto que no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar al respecto”.

La que ha sido calificada como una medida que “cambiará el signo de los tiempos”, según Díaz, no ha sido recibida con la misma euforia por la Asociación de Plataformas de Servicios Bajo Demanda (APS). El organismo encargado de englobar a las principales plataformas de ‘food delivery’ en España ha lamentado la aprobación del Real Decreto-ley, ya que no se ha dado pie a un debate parlamentario.

La posición del Gobierno

El decreto aprobado es fruto del acuerdo alcanzado el pasado mes de marzo por el Ministerio de Trabajo, CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, afectando a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores.

Es decir, no solo afectará a las empresas de reparto de comida, sino a todas aquellas que hagan uso de un algoritmo para prestar servicios de última milla a través de trabajadores autónomos.

La norma reconoce la presunción de laboralidad de los trabajadores que prestan servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante una plataforma digital, en línea con la sentencia que dictó el Tribunal Supremo en septiembre de 2020, donde quedaba establecido que los repartidores eran trabajadores por cuenta ajena y no autónomos.

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Así, según los datos aportados por la ministra, la Inspección de Trabajo ha laboralizado más de 16.000 relaciones laborales, con un impacto económico que ha cifrado en 29 millones de euros.

La posición de la APS

“Lamentamos la aprobación, por la vía de urgencia y sin debate parlamentario, de un decreto que pone en riesgo el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB español y que ha sido elaborado sin tener en cuenta a sus principales actores: restaurantes, plataformas y, lo más sorprendente, a los propios repartidores”, ha señalado la asociación.

Según la misma, mientras España se reivindica como nación emprendedora, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de revelar sus algoritmos a una empresa tecnológica.

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