Los afectados deberán recorrer un camino que comenzará en los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y presumiblemente acabará en las Audiencias Provinciales, sin descartar que algunos casos puedan llegar finalmente al Tribunal Supremo.
El despacho CCS Abogados, aliado con CETM para dar respuesta al efecto que el cártel europeo de fabricantes de camiones ha tenido sobre los transportistas españoles, ya confirma que ha empezado a presentar y tramitar las primeras demandas contra el cártel europeo de fabricantes de camiones, habiéndose registrado unas 7.300 reclamaciones de 4.500 clientes que implican a más de 34.000 vehículos.
La presentación de demandas se está realizando de manera uniforme en todas las Comunidades Autónomas y las pruebas periciales que el equipo de profesionales ha realizado, permiten calcular que la indemnización estipulada sobre el precio original de compra por camión, en el ciclo de 14 años del cártel (y sin tener en cuenta el interés legal del dinero desde la fecha de compra de cada vehículo), podría situarse en torno a una media del 16,35 por 100 del precio original. Se estima que las indemnizaciones totales a los afectados en España podrían superar los 700 millones de euros.
La prueba pericial aportada por CCS Abogados, que se ha realizado en coordinación con equipos técnicos de otros países, es el resultado de cuantificar los sobrecostes causados por el cártel de fabricantes de camiones a los transportistas utilizando dos métodos econométricos distintos, el primero de ellos, a su vez, con dos modelos de contrafactual diferenciada, pero con conclusiones en sintonía en todos los supuestos, metodología que hasta la fecha no se ha usado por ningún otro bufete español en las reclamaciones del cártel. “El resultado de casi dos años de arduo trabajo jurídico y, sobre todo, logístico y pericial nos permite situarnos ante el tablero que tenemos delante con prudente optimismo”, asegura Miguel Caamaño, socio de CCS Abogados.
Este proceso legal se inició en 2016 cuando la Comisión Europea anunció la imposición de una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis principales fabricantes de camiones DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN. Esta última se acogió al programa de clemencia y quedó excluida de la multa por haber denunciado las prácticas infractoras del cártel. La sanción fue impuesta por Bruselas al grupo de fabricantes por haber pactado los precios de venta de los camiones entre los años 1997-2011, por haber obstaculizado la introducción de nuevas tecnologías en materia de emisiones y por haber repercutido a los compradores los costes de aplicación de dichas tecnologías.
Tras ser elegidos, CSS Abogados aseguran haber trabajado “a destajo” con una gran cantidad de información y desarrollando el diseño de una herramiento tecnológica que les ha permitido gestionar todo el proceso de reclamaciones de la forma más rápida posible. Así, Truck Data Intelligence les ha permitido presentar en tiempo y forma toda la documentación necesaria para poner en marcha los primeros pasos de este conflicto.
En cuanto a las sentencias, desde el bufete precisan que los tribunales alemanes especializados en Derecho de la Competencia ya han dictado durante 2018 las primeras, siendo ocho de las nueve falladas hasta el momento favorables a los demandantes.
En el caso de España, los afectados deberán recorrer un camino que comenzará en los juzgados de lo Mercantil de sus provincias y presumiblemente acabará en las Audiencias Provinciales, sin descartar que algunos casos puedan llegar finalmente al Tribunal Supremo.
