Tras convalidar el Real Decreto Ley por el que el Gobierno liberaliza el sector de la estiba y llegar a un acuerdo patronal, sindicatos, estibadores y empresas portuarias, el conflicto no ha terminado. Así lo refleja la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, que en un comunicado asegura que la incertidumbre sigue creciendo.
En este sentido, declaran que el pasado 12 de enero enviaron una carta a los ministerios cuya respuesta fue “muy vaga” y en la que no se concreta la fecha para la aprobación del reglamento. Lo que ha conllevado, según indican, un incremento de la preocupación y la incertidumbre de los trabajadores, las empresas e incluso los inversores del sector. Un mensaje que han trasladado a Fomento en la mañana de ayer.
Ante esta situación, los estibadores exponen en su escrito que “dado que el desarrollo reglamentario ha consumido hasta la fecha ocho meses de los doce previstos en la Disposición adicional primera y de la Disposición transitoria segunda 1, ambas del RDL 8/2017 y, previsiblemente, agotará, prácticamente el primer año desde la entrada en vigor, proponemos que se adopte la iniciativa legislativa pertinente para promover la ampliación por un año de los plazos contenidos en las referidas disposiciones con la finalidad de posibilitar, real y efectivamente, la finalidad de la norma que no era otra que ofrecer a los sujetos legitimados un año para la negociación colectiva y garantizar, por igual período, el empleo vinculado al 75 por 100 de la actividad de las empresas estibadoras”.
De no efectuarse esta ampliación en los plazos, el sindicato advierte de que el 14 de mayo próximo se “producirá un conflicto entre la nueva norma y algo más de una treintena de convenios colectivos de distintos ámbitos, que afectan a la totalidad del personal estibador de los puertos de interés general” y a las empresas estibadoras de todo el país.
Para finalizar, en el nuevo escrito, los sindicatos han recordado el compromiso del ministro ante los grupos parlamentarios de tener aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla el 8/2017, de 12 de mayo de 2017, antes del final de 2017; e insisten en que “este retraso ha hecho que no se concreten las ayudas comprometidas por el Gobierno”, puesto que consideran que omite la instrumentación jurídica específica para la subrogación convencional y dificulta los acuerdos en garantía de los puestos de trabajo.
