Los máximos responsables del Ministerio de Fomento se muestran muy preocupados por la situación de conflicto de la estiba en los puertos españoles y recuerda que la Unión Europea emitirá una segunda sentencia por la cual España deberá abonar 134.000 euros diarios, por incumplir la primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 11 de diciembre de 2014, por la que se condenaba a nuestro país tras considerarse que ciertos aspectos relativos a la regulación de la estiba en la ley española de puertos, eran contrarios al Tratado de la Unión Europea.
Debido a esta situación de irregularidades laborales por la que atraviesa el sector de los estibadores (a los que se acusa de hulega encubierta) y las consecuencias que esto ha acarreado para el sistema de exportaciones español, Fomento se ha manifestado para solicitar responsabilidad y dialogo.
Según el Ministerio, la Comisión Europea ya ha emitido su juicio al respecto de las propuestas de empresas, Gobierno de España y sindicatos, reiterando su negativa frente a la idea impulsada por estos últimos, que pretendían crearun registro nacional de trabajadores de ese sector.
El objetivo último del Gobierno es alcanzar un acuerdo que permita resolver la situación que afecta a los estibadores desde hace más de un año y por la que España se enfrenta a 21,5 millones de euros de multa por el momento, aunque las posturas se encuentran muy enfrentadas.
Para la consecución de este objetivo, ha sido el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, quien señaló ayer, 14 de febrero, que con la aprobación este viernes 17 de febrero del Real Decreto Ley que reforme el sector de la estiba y tras dos años de dialogo, “se abrirá una nueva etapa de negociación colectiva que dará margen a sindicatos y trabajadores”.
Gómez-Pomar ha explicado que el Ministerio de Fomento introduce una serie de mejoras en el texto con el que dotar de una mayor flexibilización en la garantía del empleo. Detalla que la mejora del texto se basa en el periodo transitorio de tres años, el apoyo financiero a la subrogación, la transformación de la SAGEP o la creación de los Centros Portuarios de Empleo. Además, el Decreto garantiza la igualdad en el acceso al trabajo en este sector de hombres y mujeres.
El Ministerio pide responsabilidad debido a que esta reforma es necesaria, recordando que se trata de cumplir obligatoriamente una sentencia.
Dado que las empresas que han informado al Ministerio aportan datos sobre las supuestas situaciones de bajo rendimiento por parte de los estibadores, el organismo invita a contribuir a la creación de un clima de normalidad y confía en que sean garantizados los servicios mínimos para los días en los que se ha convocado la huelga (20, 22 y 24 de febrero).
