El Consejo de Gobierno de Aragón ha aprobado emprender acciones civiles por los desfases en la construcción de diversas naves en la plataforma logística PLAZA, acciones que, en todo caso, se basan en la defensa de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma.
La discordancia con la postura de la empresa pública PLAZA, que decidió hace unos días no interponer ningún tipo de acción legal, se asienta en que, en el caso de la sociedad pública, ésta se rige por criterios de rentabilidad mientras que el Gobierno de Aragón iniciará acciones por su obligación de preservar en todo momento el destino de los caudales públicos.
El Gobierno de Aragón no lo hará por la vía penal por los mismos argumentos que, en su momento, esgrimió PLAZA y que también señala el informe de los servicios jurídicos: porque no se constata la existencia de indicios ostensibles de dolo en el contratista y subyacen simplemente controversias de orden civil.
