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La Comisión Europea: no, pero…a la normativa alemana del salario mínimo en el transporte

El Gobierno alemán exigen a todas las empresas transportistas que transitan por las carreteras alemanas que acrediten que cumplen con la normativa sobre salario mínimo

La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra Alemania por la normativa sobre el salario mínimo. Sin embargo, según informa FENADISMER, el colectivo que agrupa esencialmente a los autónomos, la Comisión considera adecuado establecer medidas para la protección social de los trabajadores y la competencia leal entre las empresas transportistas.

El pasado mes de enero la Comisión Europea procedió a la apertura de un procedimiento contra el Gobierno alemán para estudiar el impacto y ámbito de aplicación de la exigencia para las empresas transportistas que transitan por las carreteras alemanas de acreditar que cumplen con la normativa sobre salario mínimo respecto de sus conductores asalariados.

Como consecuencia del estudio y análisis de la compatibilidad de dicha medida con la normativa europea, la Comisión Europea ha acordado iniciar un procedimiento de infracción contra Alemania, al considerar que la aplicación de la normativa sobre el salario mínimo a todas las empresas transportistas extranjeras, incluso las que realicen transporte internacional o simplemente estén en tránsito por dicho país “supone una restricción a la libre prestación de servicios y a la libre circulación de mercancías de una manera desproporcionada”, añadiendo que la medida establecida, exigiendo determinados trámites burocráticos exclusivamente en idioma alemán “supone barreras administrativas desproporcionadas que impide el funcionamiento adecuado del mercado interno europeo”.

Sin embargo, la Comisión Europea considera adecuado establecer medidas que sean proporcionales “para salvaguardar la protección social de los trabajadores y asegurar una competencia leal” entre las empresas transportistas.

Una vez iniciado el procedimiento de infracción contra Alemania, el Gobierno germano dispone de un plazo máximo de dos meses para contestar contra dicho procedimiento.      

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